El nuevo Moves III 2025 estará gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas, y permitirá solicitar la ayuda con efecto retroactivo a los beneficiarios que no ejerzan actividad económica que hayan adquirido su vehículo o infraestructura a partir del 1 de enero de 2025.
En este grupo se encuentran los ciudadanos particulares y las entidades locales, y también los autónomos y pymes que soliciten el incentivo en régimen de minimis y que no hayan recibido durante un período de tres ejercicios fiscales más de 300.000 euros en subvenciones por este régimen.
Como novedad en esta convocatoria, y a propuesta de Andalucía, se ha incorporado la justificación simplificada para un gasto inferior a 100.000 euros, lo que supone una reducción de la carga burocrática al evitar la aportación inicial de los documentos justificativos del gasto y pago realizado por los beneficiarios.
En las tres ediciones anteriores de Moves se ha seguido el mismo modelo de gestión establecido desde el Gobierno central, con un procedimiento de concurrencia y unas obligaciones de información para los diferentes beneficiarios (particulares, comunidades de propietarios, empresas, autónomos, otras personas jurídicas, entidades locales) que la Junta de Andalucía considera excesivas e inadecuadas.
Por esa razón, la Consejería de Industria, Energía y Minas ha venido trasladando al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico la necesidad de seguir avanzando en un sistema de subvenciones más simplificado y ágil, tanto en los procesos de tramitación previos a la concesión de las ayudas, así como del pago final de éstas, ya que se requiere la entrega de documentación en diferentes momentos que, frecuentemente, necesitan subsanaciones, lo que alarga los tiempos administrativos.
Desde la puesta en marcha de las distintas convocatorias del programa Moves, la Junta de Andalucía ha liderado el proceso de diálogo con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía de España (IDAE) para desplegar medidas que faciliten que la tramitación de las distintas convocatorias de este programa se pueda realizar de manera más ágil a pesar de la notable carga burocrática y numerosos requisitos documentales establecidos en la normativa de referencia estatal.
Así, la Junta de Andalucía ha incluido automatizaciones y/o robotizaciones para sistematizar procedimientos como la detección de duplicidades en la Base de Datos Nacional de Subvenciones o la comprobación de la identidad de persona física con enlace a las bases de datos de la Policía Nacional, entre otras actuaciones. Además, se han parametrizado los sistemas de información necesarios para la gestión telemática de los incentivos, se han elaborado modelos y formularios, diseñado los elementos de información y publicidad y realizado actuaciones de promoción y formación a las entidades adheridas junto con otras para flexibilizar los requisitos y reducir los trámites de subsanación de la documentación.
Porcentaje más elevado de fondos resueltos
Gracias a ello, Andalucía ha conseguido unos datos muy positivos y tiene el porcentaje más elevado de fondos resueltos en la anterior edición Moves III respecto al presupuesto total disponible, situándose un 21% por encima de la media nacional, conforme a los datos que ha hecho públicos el IDAE hasta el mes de junio de 2025.
Así, Andalucía ha culminado casi en su totalidad la tramitación de las más de 26.000 solicitudes admitidas a trámite (99,94%), de las cuales el 94% se han estimado. Además, para los expedientes con documentación justificativa presentada por parte de los interesados hasta el mes de junio, en el 76% de los casos ya se ha concluido esta fase administrativa.
Además, el Gobierno andaluz, de cara a que los ciudadanos puedan optar a beneficios para el impulso a la movilidad eléctrica de manera más ágil, también solicita al Gobierno de España que, para futuras ediciones, valore la implementación de otros modos de incentivo propuestos por el propio sector automovilístico, como descuentos directos al adquirir los vehículos o instalar puntos de recarga, la aplicación de reducciones en el IVA siguiendo el modelo de países como Noruega, Países Bajos o Alemania, o el otorgamiento de beneficios fiscales que vayan más allá de las deducciones ya previstas.
