La descarbonización puede generar una oportunidad de hasta 800 millones de euros anuales para Asturias

Asturias podría enfrentarse a un impacto económico cercano a los 800 millones de euros anuales si no avanza en la reducción de sus emisiones de dióxido de carbono (CO₂), según recoge el informe realizado por el Observatorio de Transición energética de Asturias sobre descarbonización energética. Según estima, el coste asociado al mercado europeo de emisiones alcanzaría esa cifra tomando como referencia un precio de alrededor de 80 euros por tonelada de CO₂.

Del informe se desprende que acometer inversiones para reducir las emisiones será altamente rentable a medio plazo y no solo permitiría minimizar las penalizaciones económicas, sino que contribuiría a reforzar la competitividad de la industria regional, atraer nuevas inversiones, y mejorar la calidad de vida a través de empleo y salud en la región. Por ello, la transición energética debe entenderse no solo como un objetivo ambiental, sino también como una estrategia de desarrollo industrial y económico.

Un reto para una de las regiones más industriales de España

La elevada concentración de actividad industrial, hace que Asturias sea de las comunidades donde la descarbonización puede tener mayor impacto. El peso de sectores como la energía, la siderurgia o la industria minera hace que reducir las emisiones sea uno de los principales desafíos para mantener la competitividad del tejido productivo.

Según los datos recogidos en el informe, las actividades energéticas son las que general la mayor cantidad de emisiones de CO₂ con el 62,3 %, muy por delante de la producción y transformación de metales férreos, con un 19,5 % y de las industrias minerales, que generan el 13,8 %. En los sectores que quedan fuera del régimen europeo de comercio de emisiones, el transporte concentra el 61,1 % del total.

La transición como oportunidad industrial

El documento sostiene que la reducción de emisiones puede convertirse también en un motor de transformación económica. La adaptación a las nuevas exigencias europeas permitiría reforzar la competitividad de industrias estratégicas como la siderurgia, el cemento, la química o el sector energético, además de facilitar la llegada de nuevas inversiones vinculadas a proyectos de bajas emisiones.

Asimismo, apunta a diferentes oportunidades en ámbitos como el hidrógeno renovable, la captura y almacenamiento de carbono, la digitalización de la industria y el desarrollo de nuevas infraestructuras energéticas. En este contexto, los puertos asturianos podrían ganar protagonismo como plataformas logísticas para la nueva economía descarbonizada.

Menos costes y generación de empleo

Por otro lado, el informe destaca que la transición energética puede traducirse en la creación de empleo especializado, el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo tecnológico, así como una reducción progresiva de la dependencia de los combustibles fósiles.

A todo ello, habría que añadir un ahorro derivado de la disminución de los costes regulatorios asociados al mercado europeo de emisiones, así como una mejora de la calidad del aire que repercutiría también en la mejoría de la salud pública.

En este escenario, el informe concluye que las inversiones necesarias para avanzar en la descarbonización resultarían rentables a medio plazo, tanto por el ahorro de futuras penalizaciones económicas como por el impulso que podrían generar sobre la actividad industrial y el tejido empresarial asturiano.

Dando respuesta a las principales críticas sobre la transición energética

Finalmente, además de analizar el impacto económico y ambiental de la descarbonización, el informe dedica un apartado a responder algunas de las controversias que puede generar el proceso de transición energética y mostrar con explicaciones científicas la “inexactitud de las afirmaciones”.

Entre ellas figuran el posible aumento del precio de la energía, el riesgo de deslocalización industrial, la intermitencia de las energías renovables, el elevado coste de tecnologías como el hidrógeno o la captura de CO₂, así como la necesidad de nuevas infraestructuras eléctricas.

El documento sostiene que muchas de estas críticas no tienen en cuenta el coste de la inacción frente al cambio climático ni la evolución tecnológica de los últimos años, y  defiende que mecanismos europeos como el mercado de emisiones o el ajuste en frontera por carbono (CBAM) buscan evitar la pérdida de competitividad de la industria europea y favorecer la producción con menor huella de carbono. Unas conclusiones que respalda con referencias de organismos internacionales como el IPCC, la Agencia Internacional de la Energía (IEA), la Comisión Europea, IRENA o la Organización Mundial de la Salud, aportando así una base científica a las respuestas frente a los argumentos más habituales contra la descarbonización.