Cataluña regula por primera vez las comunidades energéticas y las baterías para el almacenamiento de electricidad

El decreto ley incorpora distintas medidas para incrementar la participación de la ciudadanía en el sistema eléctrico. Se regula por primera vez la figura de las comunidades energéticas, es decir, las comunidades de personas que se unen para generar y gestionar su propia energía y sus servicios energéticos. En este sentido, se crea un registro de estas entidades, y también se regula la participación de los entes locales en estas comunidades, dotándolas de mayor autonomía.

En este ámbito, también se pretende mejorar el encaje de los proyectos de energías renovables en el territorio en el que se instalan. Así, se prevé la creación de mesas de diálogo social en cada veguería, estableciéndose mejoras en los procedimientos de participación local, para incentivar la participación ciudadana y aumentar la información disponible por parte de las personas.

Asimismo, también se articulan medidas para minimizar el impacto de las instalaciones energéticas en el entorno. Así, se restringe la instalación de energías renovables en suelos de regadío ya aprobadas o en desarrollo, y también se prevé la posibilidad de instalar líneas eléctricas en espacios cercanos a la red viaria. La norma también regula la figura de las pérgolas solares.

El decreto ley avanza en la simplificación administrativa. Así, por ejemplo, se permite la transmisión de autorizaciones administrativas de proyectos no puestos en servicio para minimizar las renuncias de promotores; también se incrementa el incremento hasta los 500 kW de la potencia mínima necesaria para requerir la autorización administrativa a un proyecto de generación eólica o fotovoltaica; y se agiliza la tramitación para mejorar o repotenciar la infraestructura de transporte y distribución de electricidad.

También se regula por primera vez la instalación de baterías, que reducen el riesgo de apagado al sistema eléctrico y contribuyen a la rápida recuperación del suministro. Por ello, el decreto ley define la tramitación urbanística y energética que tendrán que seguir estas instalaciones, aclara su marco normativo y las dota de mayor seguridad jurídica.

De este modo, las empresas desarrolladoras de los proyectos, los ayuntamientos y la ciudadanía dispondrán de una regulación que desvanecerá cualquier duda respecto a cómo tramitar este tipo de instalaciones y que permitirá acelerar su implementación con plenas garantías para todos los actores implicados.

Actualmente, existen en Cataluña 134 proyectos de almacenamiento mediante baterías en tramitación de competencia de la Generalidad de Cataluña, de los cuales 125 son de baterías independientes (stand-alone) y 9 son proyectos de baterías hibridados con instalaciones renovables, que suman 1.096,79 MW.